Sáb. Dic 7th, 2024

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, una norma que decayó por la disolución de las Cortes Generales. La ley contempla multas de entre 60.000 y 500.000 euros a restaurantes, bares y supermercados que tiren comida, entre otras medidas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado la importancia de esta norma, «un proyecto de ley que fue enviado a las Cortes en la pasada legislatura y decayó por la disolución de las cortaes generales el 30 de mayo del año pasado». Sin embargo, ha añadido que «el vigor y la actualidad del tema» es lo que ha impulsado al Ejecutivo a dar «luz verde para que de nuevo inicie su camino parlamentario».

Planas ha explicado que la norma se sustentan en «la eficiencia económica», sin olvidar «el contenido ambiental» para luchar contra «la pérdida de recursos naturales», así como «la justicia social» a favor de los más vulnerables y su «componente moral y ético».

De este modo, ha destacado que, con esta normativa –que inicia ahora su tramitación parlamentaria– España se dota de un marco legal para el conjunto del Estado para prevenir las pérdidas y el desperdicio alimentario, con un enfoque centrado en la prevención y la concienciación de todos los actores de la cadena alimentaria. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con entre 60.001 y 500.000 euros de multa, se considerará la segunda o ulterior falta grave que se cometa en un plazo de dos años.

El ministro ha añadido que la nueva norma establece una jerarquía de prioridades para el destino de los alimentos que inevitablemente se conviertan en desperdicio alimentario, siendo la prioridad máxima el consumo humano, a través de la donación o redistribución de los alimentos.

En el caso de la donación de los excedentes de alimentos, ha explicado que los agentes de la cadena deberán suscribir convenios de colaboración con empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos.

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Por Luis Fernando Prieto

Periodista especializado en empresas y movilidad.

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