Facua Sevilla ha expresado su «profundo rechazo» a la propuesta anunciada por José Luis Sanz, alcalde popular de Sevilla, de cerrar un espacio público y abierto como es la Plaza de España y cobrar entrada a los turistas, no así a los empadronados en Sevilla y los nacidos en el conjunto de la provincia.
Esta decisión representa, para Facua, «un paso atrás en la concepción de la ciudad como un lugar abierto para el disfrute de la comunidad y un nuevo giro hacia la privatización, ya evidenciado con el cobro por la entrada al Patio de los Naranjos de la catedral o con la ordenanza de veladores».
Asimismo, destaca la importancia de preservar espacios emblemáticos de la ciudad como la Plaza de España, y apuesta por evitar su utilización para macroeventos que pueden generar deterioro y causar daños al patrimonio, acogiendo actualmente este espacio el festival de música Icónica.
«Medidas como la que ahora plantea Sanz contribuyen a transformar la capital hispalense hacia un modelo que bien podría compararse con un parque temático, alejándose de su esencia como un espacio compartido por todos«, señala Facua, apostando por la implantación de una tasa turística que, «de manera global, sea una herramienta para el cuidado de espacios y la financiación de servicios públicos».
La asociación lamenta además que el Ayuntamiento de Sevilla plantee el cerramiento de la Plaza de España «sin antes haber hecho un estudio pormenorizado de cómo afectaría dicha decisión a la población en su conjunto, ni cuál sería el impacto económico real de llevar a cabo una decisión de este calado».
El Ayuntamiento, titular del espacio de la plaza comprendido entre los bancos de las provincias y la balaustrada, planea proponer al Estado un convenio para cerrar por completo este recinto monumental y cobrar a los turistas una entrada de la que estarían exentos los empadronados en Sevilla y los nacidos en la capital y en la provincia estarían.
Los ingresos de taquilla, según la idea del Gobierno local del PP, se repartirían con un 75 por ciento para las arcas municipales y un 25 por ciento para el Estado, propietario de la galería y del edificio, garantizando según asegura el Ayuntamiento el libre acceso ciudadano a las dependencias estatales del complejo, que alberga las sedes de la Delegación del Gobierno en Andalucía, de la Subdelegación, de los servicios de Extranjería, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) o del Cuartel General Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra.