Mié. May 18th, 2022

Las organizaciones demandan al Gobierno de España la creación de una tarifa social que garantice el derecho a la energía limpia para las personas más vulnerables, la prohibición de cortes de suministros básicos de agua, luz y gas, la adopción de medidas para asegurar la eficiencia energética y contra la concentración de poder de los oligopolios.

Con esta concentración se dan por concluidas las acciones y actividades de la Semana europea contra la Pobreza Energética. Decenas de organizaciones y cientos de personas acudieron bajo los lemas “La pobreza energética mata” y «Nadie sin Energía».

La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) y más de 30 organizaciones se han concentrado en la Plaza de la Provincia de Madrid hoy para exigir soluciones urgentes contra la pobreza energética. La movilización clausura los esfuerzos colectivos de toda una semana de acciones y eventos destinados a visibilizar la magnitud del problema y, sobre todo, plantear propuestas para atajar esta situación de extrema urgencia.


La cifra de la vergüenza: más de ocho millones de personas sufren pobreza energética en España. “La pobreza energética mata” y #NadieSinEnergía son los lemas bajo los que se han desarrollado decenas de acciones durante la Semana Europea de Lucha contra la Pobreza Energética.

Las organizaciones recuerdan que esta es una lucha que no puede quedar aquí. Las administraciones competentes tienen que hacerse responsables e incorporar las medidas exigidas a la regulación competente. Invitan también a otras organizaciones a sumarse a esta iniciativa y hacer llegar las propuestas a toda la ciudadanía.


La crisis económica derivada de la pandemia agrava aún más la mala situación. El propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado datos de la ‘Estrategia nacional contra la pobreza energética’ y cifra entre el año 2019 al 2020 un aumento de la población que sufre condiciones de temperatura inadecuada en la vivienda en invierno, que pasa del 7,6 % al 10,9 %; así como un aumento del retraso en el pago de facturas, que pasó del 6,6 % al 9,6 %.


A esto hay que añadir que a partir del 28 de febrero finaliza la medida excepcional del “escudo social” de prohibición de corte de suministro por impago para cualquier contrato de suministro eléctrico en vivienda habitual con potencia hasta 10 kW.

Así, se restablecen los plazos de dos meses desde la notificación del primer requerimiento de pago para que la comercializadora pueda solicitar a la empresa distribuidora la suspensión del suministro de electricidad. En caso de consumidores vulnerables acogidos al bono social, el plazo se amplía a un total de 10 meses, pero solo beneficia a 1.161.214 familias.


Con la actual crisis de precios energéticos, para no dejar a nadie atrás es necesario considerar legislativamente el suministro de energía como un derecho y garantizar el acceso universal a este suministro básico, que permite unas condiciones de vida dignas.

Por Mayte Rodríguez López

Periodista especializada en movilidad y transporte público.

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