Mié. Dic 7th, 2022

Ante la subida del coste de vida y los ya elevados precios del alquiler, la Federación de Consumidores y Usuarios CECU exige al Gobierno medidas urgentes que eviten que esta situación se refleje en un aumento de la pobreza y empeore aún más la situación de las personas consumidoras vulnerables.

Para aliviar la situación económica de las familias, tal y como se ha hecho en otros sectores como, por ejemplo, con la limitación del precio de la luz o la rebaja en el transporte público, debe abordarse el que supone el principal gasto de los hogares: la vivienda. Necesitamos medidas valientes como las que ha tomado el gobierno de Escocia: una legislación de emergencia para congelar los alquileres y frenar los desahucios ante la subida de los precios energéticos y de los productos básicos.

Congelar los alquileres

La inflación por encima del 10% se suma a la subida de un 6,4% del alquiler, con cuatro comunidades en máximos históricos. En el contexto de nuestro país, en el que las familias inquilinas están dedicando el 42% de sus ingresos al pago del alquiler, por encima de las recomendaciones de la UE y la ONU, nos encontramos ante una situación que ahoga cada vez más a millones de hogares.

Para revertir la asfixia económica, el próximo paquete de medidas anticrisis debe incluir la congelación de los alquileres y prórrogas obligatorias de contratos que evite subidas en el precio del alquiler, ya sea por la actualización de la renta o por subidas en el precio tras la finalización del contrato que obligue al inquilino a dejar la vivienda. De igual manera, las actualizaciones interanuales de los precios deben eliminarse y pasar al 0%.

Suspensión de los desahucios

Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del 5 de octubre, en el segundo trimestre de este año, se han ejecutado 10.816 nuevos desahucios: 7.871 por impagos de alquiler, 2.377 como consecuencia de impagos de hipoteca y 568 por otras causas. En la actual situación de subida de tipos de interés, el ‘escudo social’ se muestra insuficiente y se corre el riesgo de que si no se toman más medidas preventivas, a su finalización España alcance cifras superiores a la crisis anterior. Es necesaria la paralización total de los desahucios mientras se apruebe la Ley de vivienda, en acuerdo con las organizaciones sociales.

El conjunto de propuestas que presentamos desde CECU están amparadas por la actual jurisprudencia del Tribunal Constitucional, según la cual el Gobierno cuenta con competencias exclusivas en materia de arrendamientos urbanos que le permitirían adoptar medidas que modulen el principio de “libertad de las partes” a la hora de condicionar la renta del alquiler, con el objetivo de proteger a los arrendatarios ante la situación del mercado inmobiliario. Según este tribunal, la vivienda habitacional ”constituye el soporte y marco imprescindible para el ejercicio de varios derechos fundamentales estrechamente vinculados con la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad”.

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Por Luis Fernando Prieto

Periodista especializado en empresas y movilidad.

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